La oposición pidió al equipo de gobierno en el pleno ordinario celebrado el pasado viernes un informe técnico sobre las grietas que han aparecido en la parte superior del Castillo-Fortaleza. En este sentido, el alcalde, Miguel Zaragoza, explicó que, cuando tuvo conocimiento de las fisuras aparecidas en la edificación, pidió un informe al arquitecto de la Conselleria. El arquitecto señaló que era normal que aparecieran grietas dado que el Castillo no había sido rehabilitado hasta la fecha.La portavoz del PSOE, María Lafuente, y el edil de UPSP, Javier Baile, coincidieron en señalar que los argumentos del alcalde no les convencían y reiteraron su intención de solicitar un informe de Conselleria en el que se detalle si las grietas descubiertas en el Castillo han sido provocadas por las obras del aparcamiento y si suponen un peligro para las personas que acceden al edificio.Por otro lado, la oposición también solicitó información al equipo de gobierno sobre el estado de las obras del aparcamiento, que estaba previsto que finalizaran el próximo 30 de junio. Zaragoza reconoció que había una demora de unos 20 días sobre el plazo previsto, aunque aseguró que «nuestra intención es recuperar ese tiempo para que la obra finalice en la fecha prevista»Finalmente, el primer edil anunció que el 23 de febrero mantendrá una reunión con la Asociación de Comerciantes para informar a sus miembros sobre el estado de las obras del aparcamiento subterráneo del Castillo-Fortaleza. Según avanzó, «ese día ya estaremos capacitados para dar una fecha más o menos definitiva sobre el fin de las obras».
EL JUEZ CITA COMO IMPUTADOS AL PRESIDENTE DE LA AGRUPACION DEL AR-1 DE ARENALES DEL SOL Y A TRES FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Un magistrado de Instrucción ha citado al presidente de la agrupación de interés urbanístico del sector AR-1, en Arenales del Sol, Ramón Salvador Águeda, y a tres funcionarios municipales (de los cuales sólo uno sigue al día de hoy trabajando para el Ayuntamiento ilicitano) a prestar declaración en calidad de imputados por la querella que les ha presentado la familia de la concejala socialista, Francisca Sabater. La citada edil no aparece entre los firmantes de la querella criminal.Como ya ha publicado el diario, dicha familia se reconoce dueña por una herencia de una parcela de alrededor de 58.000 metros cuadrados que sitúa dentro de dicho sector urbanístico y que, consecuentemente, se habría revalorizado de forma muy importante al pasar de rústica a urbanizable y en pleno litoral.Se da la circunstancia que en un primer momento la comisión de Urbanismo sí la situó dentro del sector AR-1 para, más tarde y tras un recurso de otro propietario, rechazarla por la misma comisión. En ambos casos para decidir sobre su localización los concejales se basaron en informes de los técnicos.El procedimiento penal se dirige por los supuestos delitos de tráfico de influencias y de falsedad en documento público y la admisión a trámite se acordó en diciembre al considerar el magistrado que la querella reunía todos los requisitos que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo cual acordó la tramitación del procedimiento después de ser oído el Ministerio Público. Los querellados han sido ya notificados por el juzgado y se les va a hacer entrega de la copia de la querella para, a continuación, informarles de la fecha en la que tendrán que declarar en calidad de imputados y asistidos por un abogado como garantía procesal.La familia Sabater, además de este procedimiento, presentó un recurso contra el acuerdo plenario de la reparcelación. Dicho asunto se encuentra paralizado desde hace más de un año pues la magistrada solicitó al Ayuntamiento copia completa del expediente administrativo para que los recurrentes sustanciaran el recurso y, según éstos, el mismo está incompleto, algo que el Consistorio ilicitano niega.
